Un oficial de inmigración chequea los nombres de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera, en Laredo, Texas.
Por KETTY RODRIGUEZ
El Nuevo Herald/Servicios Google
El caso de un ciudadano chino que murió en agosto del 2008 en una cárcel de inmigración sin recibir atención médica apropiada por una fractura de columna y cáncer terminal, podría servir de ejemplo para mejorar los servicios de salud que reciben los indocumentados que permanecen en custodia antes de ser deportados.
Así lo señaló el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Rhode Island, Steven Brown, durante una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos.
"Esperamos que esto sirva para sacar a relucir la necesidad del Departamento de Seguridad Territorial (DHS) de priorizar y arreglar el estropeado sistema de cuidado médico en el presupuesto del 2010'', dijo el activista.
Según señala la ACLU, Hiu Lui Ng, de 34 años, informó durante meses a los guardias del Centro de Detención Wyatt en Central Falls, Rhode Island, sobre el terrible dolor de espalda que estaba padeciendo, pero no sólo no le prestaron atención sino que lo acusaron de estar fingiendo.
Lui Ng, un ingeniero casado con una ciudadana estadounidense y con dos hijos, no podía caminar y difícilmente se mantenía en pie. Aún así le negaron el uso de una silla de ruedas.
El día que Lui Ng fue con su esposa a la cita para su green card los oficiales de inmigración lo detuvieron por una orden de deportación emitida en el 2001, que fue enviada a una dirección que no existía.
Anteriormente, el hombre había presentado un caso de asilo político que había sido denegado, y de allí la orden de deportación.
Una semana antes de su muerte, le amarraron las manos, pies y cintura y fue arrastrado a una camioneta mientras gritaba de dolor.
"El caso de Ng es uno de abuso médico que tiene que haber sonado la alarma de que nuestro sistema de servicios médicos para los inmigrantes detenidos está muy dañado'', afirmó Brown.
La muerte del ciudadano chino, que llegó a Nueva York a los 17 años junto a su familia, es una de las más conmovedoras acontecidas en centros de detención de inmigración en los últimos años.
En su defensa, el director de la Oficina de Detención y Operaciones de Deportación del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Jim Hayes, expresó el miércoles ante la audiencia del Subcomité de Seguridad Territorial de la Cámara de Representantes, que de 1.7 millones de detenidos a partir del 2003, sólo unos 90 han muerto bajo custodia.
Según el congresista David Price, demócrata por Carolina del Norte, en los últimos años ha habido informes en los medios de prensa denunciando las muertes de detenidos que "pudieron prevenirse si les hubieran dado un tratamiento médico apropiado y a tiempo''.
Al respecto, Hayes aseguró que el número de detenidos que han muerto ha disminuido de 10.8 por cada 100,000 en el 2004, a 2.7 por cada 100,000 en el 2007.
El capitán José Rodríguez, director de la División del Servicio de Salud de Inmigración, adscrito al Servicio de Salud Pública, aseguró que cada inmigrante detenido por el ICE es sometido a un examen médico preliminar y a una prueba de tuberculosis en las primeras 12 horas de su arresto.
Incluso, agregó, se les hacen exámenes dentales y a las mujeres de entre 10 a 55 años se les practican pruebas de embarazo en la primera examinación.
Rodríguez indicó también que de no ser por los diagnósticos que la agencia hace, "muchos habrían muerto''.
En muchos casos, el examen físico que se realiza a los detenidos "es el primero en años o en toda su vida'' indicó Hayes.
Los diagnósticos, según los funcionarios, van desde hipertensión arterial y diabetes, hasta sida y enfermedades del corazón. Los tratamientos utilizados requieren medicamentos y, en ocasiones, incluso cirugía.
Un estudio independiente realizado por la Oficina de Supervisión Gubernamental (GAO), sobre los servicios, personal y presupuesto invertido por el ICE entre el 2003 y el 2007, reveló que la estructura organizacional del ICE para proveer servicio médico a los detenidos no es uniforme en todos los centros de detención.
Además, a pesar de que la información sobre cuidados de salud del ICE no es completa, los gastos, personal y servicios de la agencia han aumentado en un 47 por ciento, mientras que la población diaria de detenidos ha crecido un 40 por ciento.
El DHS detiene anualmente a 300,000 personas que han cometido violaciones civiles de inmigración.
Un informe anterior de la GAO sobre la muerte de detenidos destacó las fallas en el cuidado médico para estas personas, señaló la ACLU.
